La Administración Pública es la ejecutante de las actividades administrativas que son necesarias para el logro de los fines del Estado. Su accionar conlleva la intervención eventual en la esfera de los derechos de particulares, por lo cual es evidente y relevante su presencia en las áreas económicas, culturales y sociales.
La acción de la Administración en muchas de las actividades de los particulares puede provocar eventualmente conflictos de interés con sus derechos fundamentales, activando a favor de ellos un conjunto de garantías constitucionales, en especial, tutela judicial establecida en el Artículo 26 de nuestra Carta Magna.
El ordenamiento jurídico en Venezuela ha impuesto limitaciones y cargas a las potestades de la Administración Pública en el ejercicio de sus actividades, para esto ha creado controles que son aplicables tanto por las vías administrativas o judiciales.
Nuestro grupo de especialista tienen amplia experiencia en la interposición de estos recursos administrativos o judiciales que permiten el control y revisión de estos actos de la administración. Estos actos pueden haberse formado ajustándose a derecho o no, pero en el caso de que pudieran ocasionar algún daño o vulneración de algún derecho son totalmente atacables mediante el ejercicio de medios judiciales o administrativos que permitirán su restablecimiento o posible indemnización.
Las asesorías y representaciones judiciales o administrativas llevadas por nuestra firma siempre están enfocadas a la protección y defensa de los intereses de nuestros clientes, por lo que es un punto esencial su participación en la elaboración de las estrategias a implementar por nuestro equipo para su mejor defensa.
En representación y asistencia jurídica de nuestros clientes hemos interpuesto recursos, tales como:
- En Procedimientos Administrativos ante el sistema de control fiscal de la Contraloría General de la República:
Potestad Investigativa-Auditoria
Procedimientos para la Determinación de Responsabilidades
Recursos de Nulidad
- En Procedimientos Administrativos Generales y Sancionatorios:
Defensas jurídicas en Procedimientos Sancionatorios
Recursos Reconsideración
Recursos Jerárquicos
En Procedimientos en Jurisdicción Contenciosos Administrativa:
Amparos Constitucionales
Demandas Patrimoniales
Recursos de Abstención o Carencia
Recursos de Vías de Hecho
Recursos de Nulidad
Reclamaciones de Servicios Públicos
En resumen, contra todo tipo de actos y hechos de órganos y entes del Estado que provoquen conflictos jurídicos a un ciudadano, tales como:
Órganos de la Administración Pública Central
Entes Públicos
Gobernaciones
Alcaldías
Consejos Comunales