Con el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación nuestra sociedad ha tenido un avance exponencial en todas las áreas donde se le aplica o despliega estas nuevas herramientas, siendo fuente de nuevas formas de relacionarse tanto los particulares entre sí o estos con la administración pública.
Dentro de estas nuevas maneras de relacionarse se involucran intereses particulares y generales que exige a la administración pública su intervención, esto debido a que los derechos implicados en estas actividades son mayormente de orden constitucional. En las actividades de telecomunicaciones y economía digital se evidencia elementos que representan en muchos casos los derechos a la comunicación y derechos económicos de actores participantes en estos ecosistemas, para lo cual inicialmente su despliegue depende de la voluntad de las partes y las variantes de los mercados económicos.
Sin embargo, visto la magnitud del impacto que estas actividades puedan tener para la sociedad, muchas de estas relaciones pueden enmarcarse dentro las denominadas de Interés General. En este contexto la administración pública justifica su intervención para fines estrictamente regulatorios con la intención de proteger los intereses de los particulares dentro de esta actividad.
Es en este marco que nos podemos encontrar algunas relaciones especiales entre los particulares y la administración pública, las cuales pueden derivar de las actividades de regulación en los sectores de telecomunicaciones o economía digital.
Los particulares mayormente tienen intereses en estos sectores para fines de comunicacionales o económicos, pudiendo ser operadores de servicios o destinatarios de estos. La administración pública en este contexto se convierte en un garante de los derechos constitucionales de todos los actores involucrados en este sector, proveyendo normativas y recomendaciones para las mejores prácticas de estas actividades, siendo eventualmente los llamados a corregir los posibles conflictos que se pudieran presentar entre ellos mediante su potestad regulatoria y sancionatoria.
Nuestro equipo jurídico está capacitado para representar y asesorar legalmente a los particulares frente a posibles conflictos en contra de otros actores o la misma administración pública rectora del sector. Acompañando a nuestros clientes en todas las fases de su desarrollo como operador de servicios o representando sus derechos como usuario y consumidores dentro de este sector.
Por lo que nos involucramos en todos los procedimientos que contempla las normativas regulatorias del sector, tales como:
- Procedimientos para habilitación para prestar servicios de telecomunicaciones y servicios de economía digital
- WEB- Dominios-Términos y Condiciones legales WEB.
- Procedimientos Sancionatorios
- Procedimientos de protección de los derechos de los usuarios
- Procedimientos para la Libre Competencia.
- Marcas y Propiedad Intelectual
Ante Entes regulatorios como lo son:
CONATEL
ANTIMONOPOLIO
SUNDDE
SAPI
SUDEBAN
SUSCERTE
GOBIERNO ELECTRÓNICO
Las asesorías y representaciones judiciales o administrativas llevadas por nuestra firma siempre están enfocadas a la protección y defensa de los intereses de nuestros clientes, por lo que es un punto esencial su participación en la elaboración de las estrategias a implementar por nuestro equipo para su mejor defensa